Blindaje a las viviendas de alquiler público
El Gobierno español tiene la intención de blindar la vivienda pública mediante la Ley de Vivienda. El objetivo es prohibir la privatización de viviendas públicas destinadas al alquiler, una medida que busca proteger tanto las 290.000 viviendas actuales como aquellas que están en proceso de construcción. De esta manera, se evitará que esta acción legal colisione con las competencias autonómicas.
El propósito es salvaguardar el actual alquiler asequible y las decenas de miles de inmuebles destinados a este fin que se están desarrollando. Un ejemplo de esto es el Plan 20.000, que contempla la construcción de 24.000 viviendas en alquiler asequible. Este plan implica que promotoras y constructoras privadas levanten inmuebles en suelo público. Justo en el momento en que se inicie este desarrollo, comenzará el blindaje de la vivienda para impedir su venta. Con financiación estatal y fondos europeos, el Gobierno busca expandir el parque de vivienda pública a precio asequible y evitar que la inversión se pierda, como ha ocurrido en el pasado.
Según el Boletín Especial de Vivienda Social 2020, el parque público destinado al alquiler asequible se acerca a los 290.000 inmuebles. De ellos, 180.000 pertenecen a comunidades autónomas y entidades dependientes, y 100.000 a ayuntamientos. A estas cifras deben sumarse las decenas de miles de casas proyectadas por el Gobierno, incluyendo las 24.000 del Plan 20.000 y las 20.000 que se construirán con cargo al fondo de recuperación de la UE. El aumento de la oferta de Inmobiliaria Madrid en alquiler público es parte de este plan.
